Carlos González.

29/06/2006

La Comunidad, más segura.

La llegada del PSOE al Gobierno de la Nación hace poco más de dos años, ha supuesto un positivo y profundo cambio en la política de seguridad ciudadana en España y, también, en la Comunidad Valenciana, a pesar de los ímprobos esfuerzos del Presidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps y del Partido Popular para tergiversar esa realidad.

Analizando la política de seguridad del Gobierno presidido por José M. Aznar entre 1996 y 2004 cabe extraer tres conclusiones tan inequívocas como irrefutables. Una, la intensa reducción del gasto del Estado en seguridad ciudadana; dos, la cuantiosa merma de las plantillas de Policía y Guardia Civil; y tres, el alarmante incremento de la inseguridad ciudadana.

Los datos respaldan tales afirmaciones. El PP redujo el esfuerzo presupuestario público en seguridad ciudadana del 0,63 % del PIB en 1996, al 0,49 % del PIB en 2004 esto es, una caída, prácticamente, del 20%. Un drástico recorte presupuestario, que trajo consigo una disminución continuada del número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. En la Comunidad ello supuso que las plantillas de las Comisarías y Cuarteles vieran mermados en más de un 15% sus efectivos.

En ese mismo periodo, los delitos crecieron de forma muy intensa y notable; nuestra Comunidad vio como se pasaba de un total de 122.458 delitos en 1996 a más de 159.500 en 2003, un incremento superior al 30%. A final de 2002 se alcanzaron valores máximos en la tasa de criminalidad, con 77 infracciones penales por cada mil habitantes; precisamente cuando el Sr. Camps era Delegado del Gobierno y el Sr. Rajoy, Ministro del Interior.

Entre tanto, conviene saber que las cifras de negocio de las empresas dedicadas a la seguridad privada crecían en España a un ritmo extraordinario. En concreto, bajo los gobiernos del PP el sector experimentó un crecimiento inusitado, el 76%, es decir, de los 1.655 millones de euros facturados en 1999 se pasó a los cerca de 3.000 millones de euros en 2004. Con lo que, a la vista de tan elocuentes datos bien podríamos llegar a la conclusión de que la afirmación “quien quiera seguridad que se la pague”, no fue un simple desliz verbal del Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Sr. Ansuategui, sino la expresión simple y llana del modo de entender el Partido Popular la seguridad.

Un axioma, en definitiva, que evidencia que la derecha considera la seguridad de los ciudadanos como un bien de naturaleza privada, cuya demanda debe ser satisfecha individualmente con arreglo a la mayor o menor capacidad económica de cada cual.

Frente a ese ostensible desinterés por la seguridad ciudadana mostrado por el partido del Sr. Rajoy, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha situado la seguridad de los españoles como un objetivo estratégico y prioritario en su acción política. Prueba de ello es que en estos dos años, el gasto en seguridad pública ha crecido con fuerza, pasando del 0,49 % heredado al 0,58 % del PIB. Y las Ofertas de Empleo Público de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado correspondientes a 2005 y 2006 han crecido también considerablemente, creándose 1.9311 nuevas plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Ello ha permitido aumentar las plantillas en toda España, a finales de 2005, hasta un total de 120.088 policías y guardia civiles, muy por encima del nivel alcanzado en 2002 con sólo 111.863 efectivos. Lo que ha tenido una repercusión claramente positiva en la Comunidad Valenciana, ya que en estos dos años de gobierno del PSOE se han incorporado en total, más de 1.000 efectivos al cuerpo de la Guardia Civil y 1.100 al Cuerpo Nacional de Policía; siendo en términos absolutos y relativos, la segunda Comunidad Autónoma, tras Madrid, que más efectivos ha recibido en este periodo.

Así mismo, ha sido preciso impulsar la creación de efectivos policiales altamente especializados, encargados de perseguir al crimen organizado. Los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), en la Policía Nacional y los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO), en la Guardia Civil, responden precisamente a esa necesidad de lucha especializada contra las nuevas manifestaciones de criminalidad más peligrosas y violentas que penetraron en nuestro país años atrás y que tanta sensación de inseguridad vienen creando. Concretamente, en diciembre de 2005 el Ministro del Interior inauguró el GRECO-Comunidad Valenciana con dos subsedes, una en Benidorm y otra en Orihuela, al tiempo que creaba también un ECO en Alicante. Unidades éstas, compuestas por especialistas en investigación, captación de información, análisis criminal, vigilancias, seguimientos y empleo de medios y sistemas técnicos especiales de la función policial; además, han sido dotadas de avanzados medios materiales, como vehículos de gran cilindrada, material informático de última generación, equipos de vigilancia de alta tecnología y equipos digilitalizados de comunicación.

Los resultados del cambio de rumbo no se han hecho esperar en nuestra Comunidad. Los delitos han experimentado una caída cercana al 4% en el conjunto de las tres provincias con respecto al último año de gobierno del Sr. Aznar. Unos datos que adquieren mayor relevancia al ser analizados desde una perspectiva cualitativa. Así, por ejemplo, los homicidios y asesinatos – que son los delitos más graves y que más alarma social crean- han experimentado una muy apreciable reducción del 17%, cayendo de los 206 cometidos en 2002 a los 171 en 2005. En términos relativos, la tasa de criminalidad se ha visto reducida desde las 77 infracciones penales por cada mil habitantes en ese año a las 66,9 de 2005.

Es preciso además reseñar un dato más relativo, en este caso, a los buenos resultados que desde la perspectiva global se han registrado en la lucha contra la criminalidad organizada. Junto a la exitosa y reciente operación policial en la que ha sido detenida una peligrosa banda dedicada al asalto de chalets con gran violencia, que actuaba en la Comunidad, cabría señalar que el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha dado muy buenos resultados en 2005, al permitir que hayan sido desmantelados en nuestro país un total de 290 grupos del crimen organizado con 3.925 detenciones. Y, en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2006 ya son 278 las actuaciones con 1.207 detenidos. Por precisar más, los delitos de robo con violencia o intimidación cometidos en domicilios, han disminuido en los cinco primeros meses del año un 13,25%.

Resulta evidente que el actual Gobierno considera la seguridad como una condición necesaria para el desarrollo y el ejercicio en libertad de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas; un derecho humano fundamental, garantía de la libertad, cuya producción es un deber prioritario, esencial e indelegable del Estado. En definitiva, el gobierno socialista considera la seguridad como un bien de naturaleza pública cuya producción corresponde al Estado y cuya provisión a los ciudadanos ha de ser independiente de cualquier consideración sobre la renta de estos.

En síntesis, la seguridad es una prioridad política fundamental para el Gobierno que preside Zapatero. Lo que ha supuesto que hayamos pasado de menos recursos, menos plantillas y más delitos con el PP, a más gasto público en seguridad, más agentes, más especialización policial, más medios, más eficacia policial y, por ende, menos delitos con el PSOE. Y todo ello está teniendo como resultado que la Comunidad Valenciana sea hoy más segura.