Punto y final a los símbolos inconstitucionales.
Considero que, transcurridos casi treinta años desde la muerte del Dictador, y tras veinticinco años democracia municipal, la simbología franquista, los símbolos inconstitucionales, tendrían que haber desaparecido totalmente del paisaje de los pueblos y ciudades de España.
Considero que, transcurridos casi treinta años desde la muerte del Dictador, y tras veinticinco años democracia municipal, la simbología franquista, los símbolos inconstitucionales, tendrían que haber desaparecido totalmente del paisaje de los pueblos y ciudades de España. Ese, sin duda alguna, debería haber sido el resultado natural de la normalidad democrática, de la que disfrutamos en tantos ámbitos.
Pero, lamentablemente, a pesar del buen trabajo realizado por tantos alcaldes y alcaldesas, aún queda un muy largo camino por recorrer. Son demasiados, excesivos, los municipios que todavía hoy rememoran fechas, nombres, imágenes o actuaciones vinculadas a la terrible dictadura franquista.
Imágenes, denominaciones y fechas que, estoy totalmente convencido de ello, constituyen una vulneración flagrante del espíritu, cuando no de la letra, de nuestra vigente Constitución. Símbolos que constituyen en si mismos una afrenta hacia los valores y a las convicciones democráticas. Y, símbolos que, ante todo, representan una ofensa, una herida más, en la dignidad de tantos hombres y mujeres que padecieron los horrores, la brutalidad y la represión de la dictadura franquista.
A mi juicio, una democracia madura, como lo es la nuestra no puede permitir que haya niños y niñas que acudan a diario, a Centros educativos que lleven por nombre el del dictador o el de alguno de sus sanguinarios colaboradores.
Una democracia madura, no puede consentir que haya plazas y jardines, con estatuas ecuestres o con bustos, dedicados a algún personaje que fue capaz de someter, de oprimir y de violar impunemente los derechos humanos, durante años, en España.
Una democracia madura, no puede admitir, en definitiva, que haya calles y avenidas emblemáticas, que conserven el nombre de quienes encarnan y representan la antitesis de los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que nos unen a todos y por los que, todos, trabajamos a diario.
Considero, además, que en este momento histórico, este no debe ser un planteamiento exclusivo de la izquierda. Este debe ser un discurso propio de demócratas, un discurso hecho desde las convicciones democráticas. Ya se tiene que haber superado aquel periodo complejo y confuso para algunos, como por ejemplo, para el entonces joven José María Aznar que escribía “ En Coslada (Madrid) las calles dedicadas a Franco y José Antonio lo estarán a partir de ahora a la Constitución. En Valencia la Plaza del Caudillo pasará a llamarse del “País Valenciá”. Y no hemos hecho mas que comenzar.” (Vientos que destruyen. José María Aznar. Publicado en La Nueva Rioja el 9 de Mayo de 1979)
Pienso que ha llegado la hora de poner punto y final, con suavidad pero a la vez con contundencia, a la presencia de los símbolos inconstitucionales que todavía perviven en nuestros pueblos y ciudades. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos instado al Gobierno, ampliando y mejorando la iniciativa de otros grupos, a que impulse un proceso que consiga tal objetivo.
No se trata de reabrir viejas heridas, más bien al contrario es dar un paso firme para contribuir a que las que todavía quedan, cicatricen correctamente. Somos muchos, estoy seguro, los que pensamos que suprimir los símbolos inconstitucionales, es una de las vías para avanzar en la satisfacción moral de las víctimas del franquismo.
Y, somos también muchos los que consideramos que el respeto a nuestra Constitución, a los valores superiores del ordenamiento jurídico que en ella se proclaman, la madurez democrática adquirida y las convicciones democráticas sobre las que se asienta la convivencia democrática exigen que entre todos consigamos este objetivo.
Estoy totalmente seguro de que esta iniciativa compartida con muchos ciudadanos y ciudadanas, no sólo servirá para la merecida satisfacción moral de las victimas, sino que será un paso más que contribuirá a dar más solidez, a reforzar y a aumentar la calidad de nuestra Democracia.
Carlos González. Diputado por Alicante.