Informe Económico del Presidente del Gobierno, correspondiente a 2010
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Discurso del Presidente del Gobierno:
Buenos días. Quiero comenzar esta intervención agradeciéndoles a todos ustedes su presencia en este acto. Creo que es importante que consolidemos esta experiencia en la que el Presidente del Gobierno dé cuenta anualmente, ante los protagonistas de la vida económica, y todos ustedes lo son, del Informe elaborado por la Oficina Económica.
Y me van a permitir que en esta ocasión singularice mi agradecimiento en la persona de Paul Volcker, que nos acompaña hoy. Pocos economistas habrá en el mundo con una trayectoria tan dilatada en relación con la gestión pública de la economía como Paul Volcker; pocos tan entregados a su país y a la Comunidad Internacional, y creo que pocos tan generosos. Y pocos conocen como él, por cierto, el comportamiento de los ciclos económicos, los períodos de crecimiento y los de crisis.
He tenido la fortuna YA de contar con su valoración y consejo sobre la crisis actual, y hoy mismo tendré de nuevo la oportunidad de hacerlo más tarde en un almuerzo con él. Muchas gracias, Paul, por tu visita a España y por tu presencia en este acto.
Señoras y señores,
Por cuarto año consecutivo presento en público el Informe Económico de la Presidencia del Gobierno. En tres de estas cuatro ocasiones me ha tocado ya hacerlo en una situación de crisis económica, de la peor crisis -les ahorraré los epítetos- en muchos años de la economía mundial y, también, de la española.
En efecto, para la economía española 2010 ha sido un año duro, un año difícil. Aunque en 2010 se ha producido el tránsito de la recesión a la recuperación y aunque la destrucción de empleo se ha moderado mucho, soportamos una tasa de paro inasumiblemente alta. Además, hemos tenido que aplicar medidas de austeridad adicionales a las ya adoptadas con anterioridad; medidas duras, que han afectado a muchos ciudadanos. Y también hemos puesto en marcha reformas exigentes de nuestro modelo económico.
Ahora bien, con una y otras, con la consolidación fiscal y con las reformas -y ésta sería, en términos económicos, la interpretación más positiva que cabe hacer del año que acaba de concluir-, no sólo estamos dando respuesta actualizada a los perfiles últimos de la crisis; también, y sobre todo, estamos tratando de sembrar el futuro de un nuevo crecimiento en España, estamos tratando de preparar la vuelta a la creación de empleo y estamos garantizando la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar.
Esto es, ante todo, lo que quiero destacar de 2010 y ésta es la tarea en la que -el Gobierno, desde luego y, en mi deseo, el conjunto del país- vamos a perseverar, con mayor convicción y determinación si cabe, en 2011.
Un sumario balance de la economía mundial y de la reacción global ante la crisis, de lo acontecido en el último año en la economía mundial, tiene que empezar resaltando que ésta ha sido capaz de recuperar, por fin, los niveles de actividad previos a la crisis, a la mayor crisis económica global conocida en ocho décadas.
Por tanto, recuperación a nivel mundial, aunque se trata de una recuperación lenta y desigual, en especial en la zona euro, donde no se alcanzarán los niveles de actividad previos a la crisis hasta 2012 y los niveles de empleo aún podrán demorarse más, de acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional.
Como todos ustedes saben, en Europa la crisis, además de intensa, se ha mostrado muy compleja e imprevisible en su evolución: en una primera fase, en otoño de 2008, hubo que contribuir a coordinar la actuación de la política económica internacional para evitar el colapso del sistema financiero, respaldándolo con una intervención decidida de los Gobiernos; en la segunda fase, ya en 2009, se adoptaron planes de choque, fundamentalmente a través de políticas fiscales y monetarias, para combatir la caída de la actividad y del empleo; y 2010 será recordado por los acontecimientos vinculados a la deuda soberana en la zona euro, y la reacción con medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas en la Unión.
La crisis ha comportado también un importante desafío para los actores de la gobernanza internacional. Aunque todavía falta perspectiva para emitir un juicio definitivo y no se pueda ignorar la relativa frustración que se haya podido producir en ocasiones ante la expectativa de una respuesta más rápida a los acontecimientos, es indiscutible que se ha avanzado en una acción más coordinada a nivel internacional en comparación con otras crisis históricas de dimensión global. Estas acciones coordinadas, impulsadas sobre todo desde el G-20, han evitado que las consecuencias de la recesión hayan sido mucho peores, tal vez incontrolables.
Singularmente, me interesa destacar los nuevos pasos que se han producido en Europa, en el marco de su integración económica, como reacción a las amenazas que se han cernido sobre la estabilidad de la zona euro.
España ya abordó su Presidencia rotatoria de la Unión, al comienzo del primer semestre de 2010, bajo la prioridad de impulsar una mayor coordinación de las políticas económicas, y lo cierto es que la Unión Europea, como tal, ha avanzado mucho en este año en su respuesta a la crisis:
– Lo ha hecho al nutrir un nuevo marco de regulación financiera o con su decisión de reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acompañándolo de una supervisión macroeconómica de los países miembros para evitar que se ensanchen los desequilibrios entre ellos. – Lo ha hecho adoptando también una Estrategia común para el Crecimiento y el Empleo en el horizonte de 2020. – Y lo ha hecho, sin duda, al aprobar la creación de un Mecanismo Permanente de resolución de crisis que, a partir de 2013, sustituirá al actual esquema temporal puesto en marcha en 2010 como respuesta a la crisis de la deuda soberana de Grecia.Y, tras reproducirse las tensiones de los mercados financieros, el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre ha transmitido un mensaje claro de unidad y de confianza en torno al euro con su determinación de impulsar cuantas acciones sean necesarias, repito, cuantas acciones sean necesarias, para garantizar su estabilidad.
Tendremos que avanzar más en términos de unión económica, especialmente en el reforzamiento de los compromisos fiscales, y el Banco Central Europeo tiene que jugar un papel clave, como ya lo está desempeñando, en la estabilidad de la Eurozona y de cada uno de los países que la conforman, con la misma fuerza que cada país miembro tiene que cumplir sus propios compromisos de estabilidad.
España se encuentra entre aquellos países desarrollados que más están padeciendo, en términos de empleo, los efectos de la crisis global al haber precipitado ésta un ajuste muy brusco de algunos de los desequilibrios generados en el último período de largo y abultado crecimiento de nuestra economía. Son de todos conocidos: el elevado endeudamiento privado, la baja productividad y el insuficiente nivel de innovación pese al esfuerzo público de los últimos años.
Hay un dato definitivamente elocuente que destaca sobre todos ellos y en el que todos confluyen: un sector de la construcción residencial que había empezado a ajustarse antes de la crisis, pero que estaba aún muy sobredimensionado, hasta el punto de que con su crisis más del 60 por 100 de los cerca de dos millones de puestos de trabajo perdidos desde finales de 2007 están directa o indirectamente vinculados con él; más del 60 por 100.
Para poner fin a estos desequilibrios la acción del Gobierno en 2010 se ha centrado en la aplicación y desarrollo de un plan global de reformas, la llamada Estrategia de Economía Sostenible, que presenté en diciembre de 2009 en el Congreso de los Diputados; una Estrategia concebida precisamente para acelerar el tránsito hacia un modelo de crecimiento más equilibrado y más productivo, ligado a una mayor formación, a una mayor flexibilidad y estabilidad en el marco de las relaciones laborales, y a la incorporación creciente de la innovación a nuestros procesos productivos.
Un necesario impulso reformador que se proyecta -hay que hacerlo notar también- sobre una estructura productiva que en diversos ámbitos ha reforzado su solidez y diversificación en los últimos años; que ha mejorado su dotación de capital humano, tecnológico y en sus infraestructuras, y que cuenta con un tejido empresarial cada vez más internacionalizado.
Estamos abordando, y así se juzgará cuando haya más perspectiva, uno de los procesos de modernización económica más importantes de todo el periodo democrático, impulsado por la convicción de que de él van a depender la prosperidad de España y el bienestar de sus ciudadanos durante las próximas décadas.
Es una tarea que va a ser y que está siendo ardua, y que va a llevar tiempo, porque tenemos que dejar atrás los desequilibrios acumulados durante más de quince años de expansión económica. Es una tarea que otros países europeos, como Suecia, Alemania o Finlandia, ya abordaron para afrontar sus propios problemas de crecimiento y que ahora les ha permitido sortear mucho mejor la crisis. Y es, en fin, una tarea imprescindible ahora entre nosotros para contar con una economía competitiva, capaz de sostener el Estado del Bienestar al que legítimamente sigue aspirando la inmensa mayoría de la sociedad española.
Como muestra el Informe que hoy les presento, este proceso de corrección de desequilibrios ya ha deparado algunos resultados.
Además de la reducción del déficit público, a la que más tarde me referiré, en poco más de dos años se ha reducido a la mitad el déficit por cuenta corriente, el elevado endeudamiento del sector privado está disminuyendo y la productividad por hora se ha incrementado más de un 4 por 100, fundamentalmente por la recomposición en la actividad.
No es un proceso acabado y, por ello, de cara al futuro, el Gobierno se siente plenamente comprometido con este proceso de modernización, con la consolidación fiscal y con las reformas que, junto a la necesidad de preservar la cohesión social, seguirán siendo los ejes, las grandes prioridades, de la acción hasta el final de la Legislatura. Permítanme que me refiera a continuación a ellos, centrándome en los próximos pasos que vamos a dar.
Sobre la austeridad y la consolidación fiscal, la especial intensidad de algunas de las repercusiones de la crisis en nuestro país ha ido demandando del Gobierno una respuesta proporcionada y exigente a las mismas en cada una de las fases con que se ha manifestado.
Ello llevó a que España fuera uno de los Estados que, en términos relativos, desplegara una política de estímulos fiscales más intensa en el primer período de la crisis económica para amortiguar las consecuencias del desplome del sector inmobiliario, evitar el hundimiento de sectores con claro valor estratégico para nosotros, como el del automóvil o el turístico, y preservar al máximo la cohesión social.
La velocidad de los acontecimientos nos puede hacer hace olvidar que hace menos de un año -insisto, menos de un año- los principales organismos internacionales, como la OCDE en diciembre de 2009, y el Fondo Monetario Internacional en abril de 2010, todavía insistían en la necesidad de mantener una política fiscal expansiva hasta que la recuperación económica se hubiera consolidado; repito, abril de 2010.
España ha sido también uno de los primeros países de Europa en iniciar un imprescindible y rápido proceso de consolidación fiscal. Lo iniciamos, hay que reconocerlo, con la elaboración de los Presupuestos de 2010; pero fue con la crisis de deuda soberana de la pasada primavera, fundamentalmente centrada como consecuencia del rescate de Grecia, cuando se tuvo que acelerar aún más; una decisión que, al incidir sobre un Presupuesto ya concebido con mucha austeridad, ha comportado esfuerzos adicionales y esfuerzos extraordinarios para muchos ciudadanos.
Los datos disponibles de ejecución presupuestaria permiten anticipar que en 2010 se cumplirán con holgura las previsiones de un déficit del 9,3 por 100, y en este mismo mes ya lo podremos hacer público para la Administración General del Estado y la Seguridad Social. Y nuestro compromiso de alcanzar el 6 por 100 de déficit en 2011 es incuestionable, como queda recogido en los Presupuestos Generales del Estado, que reducen el gasto un 7,9 por 100.
Un esfuerzo de consolidación fiscal que se hace intentando preservar al máximo las partidas determinantes del crecimiento futuro de la productividad de la economía (infraestructuras de transporte, educación e Investigación, Desarrollo e Investigación), así como las políticas de cohesión social, que hoy reciben un 60 por 100 más de recursos que cuando fui elegido Presidente del Gobierno.
Los ajustes del gasto público se están complementando con otros como la reducción de altos cargos, la restructuración del sector público empresarial que ha supuesto una reducción del 25 por 100 de las empresas públicas, y el plan de lucha contra el fraude fiscal, que en el año 2010 ha recaudado diez mil millones de euros, cifra récord, que supera en un 23 por 100 lo recaudado en todo 2009.
Además, el Gobierno ha adoptado medidas para reforzar la credibilidad y la transparencia de las finanzas públicas de las restantes Administraciones. Algunas fueron objeto de una cierta incomprensión inicial, pero nuestro compromiso afecta al conjunto del Estado y, en consecuencia, todas las Administraciones deben vincularse con él. Quiero destacar en este sentido, por su importancia, el acuerdo alcanzado con las Comunidades Autónomas para informar trimestralmente sobre la situación presupuestaria de cada una de ellas, lo que ya se ha comenzado a aplicar con los datos relativos al tercer trimestre de 2010.
Como ya he dicho en alguna ocasión, la austeridad y la máxima transparencia tienen que ser, ya para siempre, pautas inexcusables de la gestión de todas las Administraciones Públicas de nuestro país. El compromiso del Gobierno de España es claro e inequívoco: corregiremos cualquier desviación que se produzca respecto de los objetivos de consolidación fiscal fijados en cuanto el riesgo de que aquella se produzca sea mínimamente detectado.
Sobre las reformas, debo empezar por el sistema financiero. Como saben, la fase relativa a la integración institucional de las Cajas concluyó, como estaba prevista, a finales de 2010. Ahora están en marcha los procesos de reestructuración operativa e integración de actividades, que deben ser ejecutados de forma rápida y eficaz. Todo ello se está haciendo bajo la supervisión del Banco de España.
Las nuevas entidades van a ser, porque tienen que serlo, viables, gestionadas con criterios profesionales y con capacidad de obtener regularmente financiación.
Soy consciente de que, a pesar de la solidez general de nuestras entidades de crédito ante la crisis y los positivos resultados de los “stress test” de julio, subsisten dudas sobre su vulnerabilidad frente a una evolución adversa de la economía y, en particular, de las consecuencias de la crisis del mercado inmobiliario. Soy consciente de ello, como también de que esas dudas afectan negativamente a sus posibilidades de obtener financiación externa y, por tanto, de canalizar esta financiación a empresas y familias.
Por tanto, nos apremia un objetivo, un gran objetivo: que todas las entidades mejoren lo antes posible su estructura de capital y la calidad del mismo para que se pueda normalizar finalmente el flujo del crédito y la estabilidad del conjunto de las Cajas.
En este sentido, la transparencia sigue siendo fundamental para que todo este proceso se ejecute con rigor y concite la confianza de los mercados financieros, permitiendo así la participación normalizada de todas nuestras instituciones en el acceso a la financiación. A lo largo de este mes de enero se publicará información pormenorizada sobre el grado de exposición de las nuevas entidades resultantes de la integración de Cajas de Ahorros y el resto de Cajas en sus carteras de crédito y, en especial, al sector inmobiliario. E, igualmente, lo harán los Bancos junto con la presentación de sus cuentas anuales.
En el contexto europeo, España continuará empujando para realizar nuevas pruebas de “stress test” al sector bancario y para hacerlo lo antes posible y con un mayor grado de cobertura y transparencia que en el ejercicio anterior.
En cualquier caso, quiero recordar que el Gobierno tiene en marcha el FROB como mecanismo de capitalización y reestructuración ante situaciones sobrevenidas. Su apoyo siempre se hará en condiciones rigurosas de mercado y tendrá un carácter temporal hasta que las entidades logren tener un acceso regular a la financiación.
Y hasta que la normalización del sector financiero se produzca, el Gobierno va a seguir reforzando las medidas extraordinarias de acceso al crédito instrumentadas a través del Instituto de Crédito Oficial. En 2010 las líneas de mediación del ICO han movilizado cerca de 19.600 millones de euros, alcanzando un máximo histórico, con un incremento del 30 por 100 sobre el año anterior y doblando los niveles de actividad anteriores a la crisis.
Sobre la reforma laboral y la reforma de las pensiones, en la primera mitad de 2011, repito, en la primera mitad de 2011, vamos a culminar las reformas emprendidas en 2010; reformas que se van a cumplir en tiempo y forma conforme al calendario que hemos hecho público, y reformas que necesitamos para mejorar las cotas de productividad y proyectar confianza sobre la economía española.
Además de la mencionada reforma del sistema financiero, tenemos que completar la reforma laboral y la reforma de las pensiones.
La Ley de Reforma Laboral será desarrollada en las próximas semanas. Sus efectos se comenzarán a apreciar en cuanto el crecimiento tenga una intensidad suficiente como para traducirse en creación de empleo; pero ya hay algunos indicios de lo que pueden ser sus consecuencias esperadas, como es el incremento, que se está produciendo, de las conversiones de contratos temporales a contratos de fomento del empleo.
Tenemos, pues, sobre la mesa, un programa amplio de trabajo para desarrollar y completar la reforma de las relaciones laborales. Los ámbitos en los que vamos a actuar son conocidos: políticas activas de empleo, expedientes de regulación de empleo, empresas de trabajo temporal y negociación colectiva. Todas ellas son importantes; algunas de ellas, decisivas.
De la reforma de las políticas activas pretendemos, sobre todo, derivar el esfuerzo hacia la empleabilidad de los trabajadores, es decir, hacia políticas de formación que incrementen su capacidad de adaptación a las nuevas ofertas laborales.
De la modificación de los expedientes de regulación de empleo pretendemos, por un lado, avanzar en la concreción de las causas económicas y productivas que justifican suspensiones o extinciones de contratos, y, por otro lado, fomentar el recurso a procedimentos de ajuste distintos del despido, esto es, suspensión de contratos o reducciones pactadas de jornada.
De la regulación de las empresas de trabajo temporal y de las agencias de colocación pretendemos incrementar la capacidad de intermediación entre ofertas y demandas de empleo en un sistema global en el que los sistemas públicos de empleo seguirán teniendo un papel definitorio.
Con todo, la más importante de las reformas que tenemos pendientes en relación con el mercado de trabajo es la que afecta a la negociación colectiva. Tenemos una estructura de negociación que básicamente no se ha cambiado en tres décadas. Es una estructura muy atomizada en la que prevalecen los convenios de nivel intermedio, lo que, según todos los expertos, contribuye a que los ajustes del mercado de trabajo sean, más que en otras economías, a través de la destrucción de empleo. Esto seguramente es lo que explica que en los peores momentos de la crisis, en 2009, hayan convivido realidades tan chocantes como la destrucción de 1.200.000 empleos y el crecimiento de un 3,2 por 100 en la remuneración por asalariado, mientras la inflación descendía un 0,3 por 100.
Sin duda, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012 de los interlocutores sociales ha sido un paso positivo, que ha traído la necesaria moderación salarial en un momento decisivo para la superación de la crisis; pero no es suficiente. Necesitamos una reforma en profundidad en la negociación colectiva, que facilite la renovación de nuestro sistema productivo y que avance en su simplificación, adecuando los niveles de la negociación y articulando los procedimientos que, de acuerdo con la reforma laboral, permitan una mayor flexibilidad empresarial, facilitando la adaptación de las condiciones de trabajo a la evolución económica.
El Gobierno confía en que se alcance un acuerdo entre los agentes sociales pero, si las negociaciones concluyen sin acuerdo, adoptará las medidas que correspondan para abordar la reforma de la negociación colectiva.
Junto a éstas, conocen sobradamente el compromiso del Gobierno con la reforma del sistema de pensiones.
El pasado 29 de diciembre la Comisión del Pacto de Toledo acordó, finalmente, sus recomendaciones. El Gobierno las tendrá en cuenta, al igual que la posición de los interlocutores sociales, con los que se mantiene un diálogo franco e intenso, para aprobar el próximo 28 de enero la reforma que remitiremos al Parlamento.
Las medidas que estamos proponiendo para nuestro sistema de pensiones son imprescindibles por razones demográficas, por el aumento continuo de la esperanza de vida y por la evolución de nuestra pirámide de población. Baste un dato suficientemente elocuente: si en este momento hay cuatro personas en edad de trabajar por cada pensionista, en 2050 sólo habrá una y media.
Además, abordando ahora la reforma, ésta podrá ser gradual, progresiva y flexible, porque tendrá en cuenta, por ejemplo, el tiempo efectivamente trabajado para poder jubilarse con anterioridad a la nueva edad legal fijada de 67 años. Y la naturaleza del empleo que se haya desempeñado también se tendrá en cuenta.
La reforma es necesaria para garantizar hoy la solvencia en el medio y largo plazo de nuestras finanzas públicas. Los países europeos más sólidos ya la han acometido, con una posición común en torno al horizonte de los 67 años. Y lo están haciendo pese a que muchos de ellos tienen un Producto Interior Bruto y una riqueza superior a nosotros, y pese a que tienen una expectativa de vida más baja que la nuestra.
En la medida en que, como saben, estamos manteniendo conversaciones con los interlocutores sociales, y en los próximos días lo haremos con todos los grupos políticos, entenderán que no entre en más detalles sobre lo que en poco más de quince días será el Proyecto de Ley que remitiremos al Parlamento.
La reforma del sistema financiero, la reforma del mercado laboral y la reforma del sistema de pensiones, con ser importantes, no agotan el impulso de cambio que España necesita y en el que estamos empeñados:
– Vamos a seguir adoptando iniciativas para mejorar la competitividad de la economía española. – Hemos mejorado la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas como forma de incentivar la inversión privada. – Vamos a desarrollar el Plan Integral de Política Industrial que acabamos de aprobar, con actuaciones que apoyan, preferentemente, la internacionalización y el necesario crecimiento empresarial – Hemos aprobado, con el consenso de la mayoría de las fuerzas parlamentarias, los principales elementos de la planificación energética para los próximos diez años y hemos adoptado una serie de medidas para la corrección definitiva del déficit tarifario, con una contribución de todos los sectores afectados, que supone una reducción del déficit tarifario de 4.600 millones de euros en los próximos tres años. – Y en las próximas semanas veremos la aprobación definitiva en el Parlamento de la Ley de Economía Sostenible y de la Ley de la Ciencia.Estas importantes medidas van a ser complementadas con la culminación del proceso de reforma del sector servicios, principal fuente de nuestro diferencial de inflación con la Unión Europea y principal fuente de nuestros problemas de competitividad.
En este ámbito habrá nuevas medidas para simplificar o reducir trámites innecesarios dentro del Plan de Reducción de Cargas Administrativas que se estima que ha ahorrado ya, hasta este momento, más de cuatro mil millones de euros al año a empresas y ciudadanos. Pero también, y sobre todo, en el mes de febrero el Consejo de Ministros aprobará el Proyecto de Ley de Servicios Profesionales, un sector con un importante potencial exportador, que da ocupación al 30 por 100 de nuestros titulados superiores.
Las reformas no son fáciles de adoptar, porque suelen generar a corto plazo incomodidades, sacrificios y necesidad de adaptación a nuevas pautas de conducta en los sectores a los que afectan. Así ocurre con la reforma de los servicios profesionales, que puede encontrar resistencias y, sin embargo, es una reforma tan necesaria como las demás porque será bueno para el conjunto de la economía española, y de la sociedad española, que logremos introducir mayor competencia y flexibilidad en un sector tan importante para nosotros y al que todos los expertos reconocen un buen potencial de crecimiento, como el sector servicios.
Asimismo, nos proponemos revisar algunas otras ataduras que todavía limitan la capacidad de nuestra economía. Plantearemos a las Comunidades Autónomas actuaciones concertadas en materia de horarios comerciales, de reducción de las actividades sometidas a licencia municipal y de la incorporación de nuevos instrumentos de coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central.
En todos estos ámbitos de reforma pendientes seguiremos tratando de alcanzar el mayor grado posible de acuerdo político y de acuerdo con los interlocutores sociales.
Siempre he creído que las mejoras reformas, las que antes surten efectos, son las reformas compartidas; pero hay algo peor que la ausencia de consensos amplios para fraguar y aplicar las reformas, que es la ausencia de reformas. Y, como esto sería lo peor, no va a ocurrir. El Gobierno cumplirá sus compromisos con las reformas, con todas las reformas en marcha y con las demás anunciadas, incluido el compromiso de intentar, hasta el límite de sus posibilidades, los acuerdos para aprobarlas. Y entiendo que tenemos acreditada esa capacidad de diálogo.
Amigas y amigos,
A pesar del impacto tan negativo que ha tenido la crisis global en algunos sectores de la economía española, ésta se ha sumado al proceso de recuperación económica, aún de manera débil. Esperamos, cuando se conozca el crecimiento del cuarto trimestre, haber tenido cuatro trimestres consecutivos de tasas intertrimestrales positivas.
Ahora, para alcanzar la recuperación del empleo, que es, sin duda, el principal objetivo de la sociedad española y del Gobierno, hay que fortalecer el crecimiento de la actividad, hacer las reformas en profundidad y aplicarlas en un tiempo razonable.
El Gobierno está convencido de que el esfuerzo derivado del amplio conjunto de reformas que estamos ejecutando y que acabo de referir contribuirán a acercar el crecimiento de nuestro país a su nivel potencial, hasta situarlo en el entorno del 2-2,5 por 100 en el promedio 2011-2015, según nuestras estimaciones.
Les repito que para poder alcanzar este crecimiento es imprescindible hacer los esfuerzos adicionales que tenemos que llevar a cabo en estos meses. Y los haremos:
– Vamos a aprobar el próximo 28 de enero la propuesta de reforma del sistema de pensiones; por supuesto, tratando de lograr el máximo consenso. – Vamos a completar la reforma laboral, incluyendo la negociación colectiva, si los interlocutores sociales no logran un acuerdo. – Vamos a culminar el proceso de restructuración de las Cajas, reforzando su estructura de capital y adoptando para ello todas las medidas necesarias. – Y vamos a seguir completando las reformas en los mercados de bienes y servicios.En cada una de las presentaciones de este Informe he manifestado mi confianza en la capacidad de la sociedad española para superar una situación tan adversa como la que hemos empezado a dejar poco a poco atrás.
Esta confianza es aún mayor hoy cuando estamos embarcados en una senda clara de cambios y reformas. Nuestro país siempre ha reaccionado bien a los cambios en su historia reciente. Es todo lo contrario a un país decadente o cansado. Es un país con fuerza, una fuerza difícil de medir en términos económicos, aunque se haga presente, por ejemplo, en la ambición de liderazgo o en la fuerza exportadora de muchas de las empresas que estáis aquí; una fuerza que está ahí, que se puede percibir y que se muestra en las ganas de volver a crecer, de progresar, de estar junto a las mejores…, lo que mejor caracteriza a la España democrática de los últimos treinta años.
Hay ganas de volver a crecer, de volver a progresar y, sobre todo, de volver a crear empleo, y hay un guión para lograrlo: culminar las reformas y los cambios que tenemos previstos.
Las reformas son un instrumento valioso e imprescindible, pero son un instrumento; un instrumento al servicio de un objetivo: el crecimiento económico con más productividad, la creación de empleo, la prosperidad de nuestro país, el mantenimiento de todas nuestras conquistas sociales y nuestro Estado del Bienestar. Por eso, me siento tan comprometido con ellas y, por eso, les pido a todos ustedes, que juegan un papel tan relevante en la economía española, la máxima colaboración con el Gobierno, con los agentes sociales y con las fuerzas políticas para llevarlas a cabo.
Muchas gracias.